Las cinco cifras sobre pobreza
infantil de las que se burla el PP
Desde
que saltaron las alarmas sobre la gravedad del problema, el PP ha
evitado todo tipo de debate apelando a que no se puede hacer “uso
político” de ella.
La
mención del líder socialista Pedro Sánchez al tema en su
intervención durante el debate sobre los Presupuestos Generales del
Estado despertó en los diputados del PP mofas y acusaciones de
demagogia.
Por Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es
Las
alarmas llevan sonando mucho tiempo, aunque muchos se empeñan en no
escucharlas. Desde que a principios de año el informe
de Save The Children sobre
pobreza infantil en Europa puso en la mesa datos muy preocupantes
relacionados con la situación de casi un tercio de los niños y las
niñas en España, el Partido Popular ha esquivado en no pocas
ocasiones cualquier tipo de debate en torno a la cuestión apelando
casi siempre al mismo argumento: no se puede hacer uso político de
un problema tan grave.
El
martes, durante el debate en el Congreso de los Presupuestos
Generales del Estado, volvió a ocurrir. Esta vez, la mención al
tema que hizo Pedro Sánchez en su discurso generó un
sonado “¡ohhh!” en
la bancada popular del hemiciclo, al que le siguieron acusaciones
varias de demagogia.
Los
indicadores, las cifras, los presupuestos decididos por los Gobiernos
retratan la realidad sobre la pobreza infantil más allá de lo que
al partido del Gobierno le cueste admitir:
1.
Uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza relativa
Aunque
la pobreza infantil ya era un problema estructural en España (la
cifra no bajaba del 20%), la crisis ha disparado los números hasta
extremos dramáticos. Entre 2006 y 2008 la tasa bajó ligeramente
hasta situarse en el 26,2%, pero desde 2010 el porcentaje ha
aumentado año tras año. Hasta 2014.
Hoy,
2.500.329 niños viven en España en hogares con ingresos por debajo
d el umbral de pobreza relativa. O, lo que es lo mismo, un 29,9% de
nuestra población infantil, según datos de Eurostat que recoge el
informe sobre pobreza infantil de la ONG Save The Children presentado
en enero. La cifra trepa hasta 2.826.549 si lo que se mide es el
número de menores que están en riesgo de pobreza o exclusión
social (33,8%).
Este
miércoles, la propia ONG, que ha leído las reacciones de los
diputados del PP ante el discurso de Sánchez como una falta de apoyo
en la lucha contra la pobreza de los menores, ha enviado una carta al
portavoz del Grupo Popular en el Congreso en la que manifiesta su
preocupación ante la ausencia de reconocimiento político del
problema en España.
“Los
datos oficiales y las evidencias de quienes trabajamos día a día en
esta realidad han fundamentado nuestra reivindicación sobre la
necesidad de un acuerdo de Estado para la lucha contra la pobreza
infantil. Este acuerdo debería implicar un firme compromiso de todas
las fuerzas políticas y debe tener carácter urgente. Los niños no
pueden esperar a la recuperación económica”, demanda Andrés
Conde, director general de la organización.
2.
El segundo país con la tasa más alta de pobreza infantil de Europa
España
es, según un informe
de Cáritas Europa,
el segundo país de la Unión Europea con más menores afectados por
circunstancias de verdadera necesidad, solo por detrás de Rumanía.
Casi a la cabeza del continente en pobreza infantil, el documento
define a la población española como una de las más afectadas por
la crisis económica. Mientras la tasa de pobreza media entre los
países miembros fue del 25,1% en 2012, la
de España escaló
hasta el 28,2%.
Unas
cifras cuyo agravamiento señala directamente a las medidas de
austeridad impulsadas por la UE: “Estas políticas han fallado a la
hora de solucionar los problemas y generar crecimiento”, afirmaba
el secretario general de Cáritas Europa, el español Jorge
Nuño, en la presentación de un informe muy contestado desde el
Gobierno.
“Esto
de que la pobreza se erradica con un poco más de presupuesto público
está bien para las sociedades centralizadas”, pero no para España.
Fue la
respuesta del ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, a unos datos que no dejaban en buena posición la
política del Ejecutivo. Montoro también pidió a la organización
responsable del informe que no provocara “un debate que no se
corresponde con la realidad, la de una España que está superando la
crisis con el esfuerzo económico y también con medidas de cohesión
social”.
3.
La mitad de los estudiantes sin recursos repite curso
La
escasez de recursos afecta a todos los ámbitos de la vida de los
menores. También a su rendimiento en la escuela. Los alumnos y
alumnas en situación socioeconómica desfavorable tienen hasta tres
veces más posibilidades de repetir curso en la educación
obligatoria que el resto de estudiantes. Más de la mitad (53%) han
pasado dos veces por el mismo nivel.
Así
lo revela un reciente
informe de la OCDE del
que se ha hecho eco el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y
que señala que los chicos y chicas de familias más pobres no sólo
tienen más dificultad para alcanzar cierto nivel de competencias,
sino que, a igualdad de competencias, están abocados a fracasar más
en los estudios que otros compañeros de familias con ingresos más
altos.
En
estos casos, que en los últimos años se han multiplicado, la
educación compensatoria es el bote salvavidas que puede rescatar a
los menores de la exclusión social. Una balsa de emergencia ya
tocada que está a punto de hundirse. La partida de educación de los
Presupuestos Generales del Estado de 2015 dedicada a programas
especiales de apoyo es
de 5,2 millones de euros.
En 2014 fueron 70, lo que representa un recorte de más del 92%. En
2012 esa misma partida sumaba 169,8 millones.
4.
Reducciones de hasta el 50% en becas de comedor y de libros
Las
becas de libros y de comedor son recursos básicos para las familias
con menos ingresos. A nivel nacional, las ayudas para la compra de
libros de texto se han mantenido, con una ligera subida (de 64,2 a
64,7 millones de euros), para el año 2015, aunque en el curso
2012-2013 el presupuesto cayó a la mitad, de 130 a 64,2 millones.
Los bocados presupuestarios tienen una traducción bien palpable:
700.000 estudiantes se han quedado sin beca desde 2010. Sólo en el
último curso, los beneficiarios han pasado de casi un millón a
300.000.
A
esto se le añade que no da igual dónde viva cada menor. Las
comunidades autónomas tienen políticas
distintas.
Según la Confederacion Española de Asociaciones de Padres (CEAPA),
Navarra y Andalucía tienen un modelo de gratuidad para todo el
alumnado. Por su parte, Canarias, Castilla y León, Extremadura y
Galicia, un sistema de reutilización mixto. Aragón,
Cantabria, Castilla
La Mancha y
Murcia otorgan ayudas.
Fuera
de esta clasificación se encuentra Madrid, que asigna un presupuesto
a cada centro escolar con el que se compran lotes de libros
(reutilizables) para repartir entre las familias más desfavorecidas,
aunque no siempre llegan a todas. Antes, se entregaba un cheque
canjeable por cada niño para que fueran las propias familias las que
adquirieran los materiales escolares.
Si
hablamos de ayudas para comedor, también muy diversas en función de
la comunidad autonóma, el panorama no es mucho más alentador. En
la Comunidad
de Madrid,
por ejemplo, el Gobierno de Ignacio González (PP) ha congelado en
2014 el presupuesto destinado a estas becas y en dos años el hachazo
a estas ayudas ha dejado en la mitad los alumnos apoyados para su
alimentación al pasar de 120.000 alumnos a alcanzar solo a 52.000,
según los sindicatos. El presupuesto reservado para apoyar a
las familias con más necesidades se ha reducido un 50& desde
2011: de 32 millones de euros a 16.
Además,
desde ese mismo año, todas las familias madrileñas están obligadas
a pagar al menos una cuota reducida para que sus hijos coman en la
escuela. La gratuidad no llega ni siquiera a los casos más extremos:
los hogares que sobreviven con la Renta Mínima de Inserción (375
euros) y que deben abonar 1,20 euros diarios por cada menú.
Esos
hogares pueden afrontar a duras penas un largo verano sin ayudas para
que sus hijos mantengan una alimentación equilibrada. Por eso, la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomendó a las comunidades
autonómas que durante los meses estivales mantuvieran operativos los
comedores de los colegios para proveer al menos de una comida
completa a los niños y niñas con menos recursos. Una propuesta que
fue negada sistemáticamente por el Partido Popular en muchas de las
autonomías en las que gobierna para “no
estigmatizar” a los menores.
5.
Un presupuesto desinflado para infancia y protección social
En
términos más generales, el presupuesto
dedicado a infancia no
es tampoco para tirar cohetes: las partidas han caído en un 14,5%
entre 2010 y 2013, según datos de Unicef. Además, España invierte
en políticas de protección a la infancia y la familia casi la mitad
que la media europea: un 1,4% del PIB frente al 2,2% de nuestros
vecinos comunitarios. Así, el gasto per cápita es de 270 euros
frente a los 510 de la Unión Europea.
Una
inversión estatal que choca de frente con un escenario de crisis que
impacta con más dureza en los hogares con hijos a cargo. Según las
estadísticas de Unicef, mientras que la tasa de pobreza en familias
con dos adultos sin hijos era de un 14,8% en 2013, la de hogares con
uno o más hijos ascendía hasta el 23,3%. El índice de pobreza se
eleva para los núcleos monoparentales hasta el 38% y para
las familias numerosas hasta el 46,9%. Es decir, en las casas
donde hay hijos e hijas, la necesidad económica se va agravando
según desaparece el poder compensador del estado.
España
además se va quedando rezagada respecto a su entorno. El porcentaje
del PIB español dedicado a políticas de protección social es del
25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
España invierte actualmente 17 millones de euros (repartidos entre
las comunidades autónomas) en combatir la pobreza infantil en el
marco de un plan de inclusión social impulsado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y aprobado en diciembre.
Una
cantidad que, a juzgar por la situación de desigualdad actual, no es
suficiente. España se sitúa, según un estudio de
la fundación Bertelsman Stifing, a la cola de la igualdad social en
Europa: ocupa el puesto 21 de los 28, solo por delante de los
países del este (Hungría, Bulgaria, Romanía), Italia o Grecia.
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